Destaca que muchos productores sufrieron pérdidas cuantiosas en sus cosechas han quedado en situación crítica
Confía en que no se tratara de un anuncio electoral por los comicios en Andalucía, a donde se destinaban estas ayudas junto con Extremadura
Recuerda que aún no ha cumplido la Ley que contemplaba ayudas de 370 millones al viñedo y olivar por la sequía y la guerra de Ucrania
La Comunidad de Labradores y Ganaderos de Almendralejo (CLYGAL) urge al Gobierno de España el pago urgente de las ayudas directas a los agricultores y productores afectados por las borrascas, anunciadas el pasado mes de marzo, y denuncia la falta de agilidad administrativa en un momento crítico para cientos de explotaciones agrarias que continúan soportando las consecuencias económicas de los temporales.
La organización también reclama al Ejecutivo que acelere de forma inmediata la tramitación del segundo listado de estas ayudas agrarias publicadas en abril, ya que mañana concluye el plazo oficial de aceptación o rechazo, y numerosos damnificados siguen sin certezas sobre el cobro efectivo de unas compensaciones consideradas imprescindibles para la viabilidad de muchas explotaciones.
La CLYGAL advierte que las pérdidas provocadas por las borrascas han dejado a numerosos agricultores en una situación económica límite, afectando especialmente a productores que ya venían soportando un escenario de elevados costes de producción, incertidumbre climática y caída de rentabilidad.
Añade que muchos agricultores no pueden seguir esperando, y las ayudas anunciadas deben transformarse en pagos reales y efectivos, porque el campo no vive de titulares ni de anuncios institucionales.
La organización espera que los anuncios de estas ayudas, realizados por el Gobierno en marzo y abril, no queden en un mero gesto electoral vinculado a los comicios andaluces, recordando que estas líneas extraordinarias fueron planteadas específicamente para Andalucía y Extremadura.
En este contexto recuerda que el Gobierno aún no ha cumplido la Ley 1/2025, de 1 de abril, de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, en la que se establecía un fondo de 370 millones de euros destinado a las explotaciones profesionales de viñedo y olivar más afectadas por la sequía y el encarecimiento de los costes tras la invasión rusa de Ucrania.
La Comunidad considera que estas demoras e incumplimientos evidencian una gestión deficiente en la tramitación de las ayudas o, lo que es peor, una clara falta de voluntad política para cumplir los compromisos adquiridos en tiempo y forma, cuando los agricultores necesitan liquidez, estabilidad y respaldo institucional para garantizar la continuidad de sus explotaciones.
