La Agencia de Información y Control Alimentario AICA tendrá carácter estatal
Las organizaciones agrarias actuarán como interlocutores del Gobierno
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, anunció esta semana que, a partir de septiembre, abrirá un proceso de debate con las organizaciones del sector para acordar los contenidos de la ley de agricultura familiar, con el objetivo de conseguir una norma que sea “realista y ambiciosa”, que refuerce la función estratégica de este tipo de explotaciones en el desarrollo social y económico de los territorios.
Luis Planas recordó que el 82 % de las 914.000 explotaciones agrícolas y ganaderas existentes en España son explotaciones de carácter familiar y este modelo -dijo- es el que mejor contribuye al desarrollo económico del medio rural.
El titular de Agricultura anticipó que la ley debe abordar, entre otras cuestiones, aspectos como el acceso a las explotaciones, la titularidad compartida, la mejora del acceso a la financiación, o la incorporación de jóvenes y mujeres a la actividad agraria, si bien subrayó que el texto debe ser fruto del diálogo con el sector.
La previsión del ministerio es que a final de año o comienzos de 2025 esté elaborado el anteproyecto para someterlo a la aprobación en primera lectura del Consejo de ministros.
La AICA estatal y las organizaciones agrarias, interlocutores del Gobierno
El ministro también se refirió esta semana a la ley contra el desperdicio alimentario, que se encuentra actualmente en tramitación parlamentaria, y en cuyo proyecto de ley se han incorporado dos enmiendas para cumplir otros dos compromisos del Gobierno.
Por un lado, la conversión de la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) en una agencia estatal, lo que le permitirá una mejor dotación de medios materiales y humanos para reforzar su labor de inspección en el cumplimiento de la ley de la cadena.
Por otro lado, la modificación de la representatividad agraria, para permitir que las cuatro organizaciones agrarias que hay actualmente en España puedan participar como interlocutores en el diálogo institucional con el ministerio y el Gobierno. “Se trata de dar normalidad a lo que existe y no excluir a nadie”, ha afirmado.
